Muro de Honor

 

Esclarecer el caso Ayotzinapa conducirá al espinoso tema de la verdad y la rendición de cuentas en las relaciones entre ejército y presidente. El 68 da lecciones.

         

    La manera como Gustavo Díaz Ordaz aplastó a los estudiantes en Tlatelolco  agravió a los jóvenes y a las fuerzas armadas. Por la afrenta, éstas últimas redefinieron su relación con gobernantes y sociedad. Me explico, a partir de una conferencia de prensa convocada con urgencia por el entonces secretario de la Defensa. El general Marcelino García Barragán recibió a los periodistas en su despacho, a las 10 de la noche del 2 de octubre.

 

    Desde la presidencia mandaban línea: los responsables de lo sucedido en Tlatelolco eran los estudiantes porque habían empezado a disparar. El general dio una versión diferente: la balacera empezó –dijo– con un “tiroteo entre dos grupos de estudiantes”; cuando la policía se vio rebasada, llamó al ejército, que “fue recibido por francotiradores”. Para él los causantes de la matanza fueron los “francotiradores” que nunca identificó, aunque tampoco responsabilizó a estudiantes o extranjeros. No lo hizo, porque él ya sabía que los asesinos habían sido oficiales del Estado Mayor Presidencial enviados por el presidente. Su comandante en jefe les había tendido una trampa que tardaron décadas en denunciar (el nieto de García Barragán, en 1999, entregó un detallado informe a Julio Scherer, quien lo hizo público).

 

    La versión que terminaría imponiéndose fue la difundida por algunos medios internacionales y nacionales. The New York Times empezaba su nota de primera plana asegurando que fueron las “tropas federales [las que] dispararon con rifles y ametralladoras contra una manifestación estudiantil” pacífica; Le Monde explicó a sus lectores que el “ejército y la policía abrieron fuego sin advertencia” para luego calificar el hecho como “una masacre”. La revista mexicana ¿Por qué? también acusó al ejército, tesis que seguirían alimentando Excélsior, El Diario de Yucatán y Octavio Paz, entre otros.

         

    Al ejército le agravió ser acusado de “asesino” de estudiantes indefensos. Hasta que se conocieron los informes de García Barragán -tres décadas después- se atrincheraron en el silencio mientras redefinían su relación con los civiles. Un cambio fundamental fue poner obstáculos cuando los gobernantes les pedían que reprimieran manifestaciones pacíficas. Por ejemplo, pedían las órdenes por escrito.

          

    La verdad ha permitido establecer que las principales víctimas del 2 de octubre fueron los estudiantes y el ejército. En 1973 Luis Echeverría compensó simbólicamente a los militares cuando pidió a la Cámara de Diputados inscribir en su Muro de Honor al “Heroico Colegio Militar” y a la “Heroica Escuela Naval Militar”; los diputados lo aprobaron por unanimidad. La semana pasada diputados de Morena propusieron poner en el Muro “Al Movimiento Estudiantil de 1968”. La votación fue unánime.

         

    Está última decisión fue tomada, cuando el caso Ayotzinapa regresa a la agenda nacional. Cuatro años después Ayotzinapa no se olvida; hay una fuerte exigencia en México y el mundo por saber lo que sucedió con esos muchachos. Sabemos bastante por el trabajo de los expertos enviados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros investigadores.

 

    Ahora se creará una Comisión de la Verdad que tendrá, como una de sus tareas más difíciles, lograr que el ejército abra sus archivos y acepte que los oficiales y soldados del 27 Batallón de Infantería rindan testimonio. El tema es tan delicado que incluso llevó a fuertes diferencias entre los secretarios de Gobernación y Defensa de Enrique Peña Nieto. El primero, prometió abrir el cuartel y el segundo, se negó. El presidente, como es habitual en estos casos, se mantuvo al margen. Si Andrés Manuel López Obrador logra en este asunto transparentar lo que hicieron los militares, estaríamos avanzando en la adaptación del instituto armado a las reglas de la transparencia y la rendición de cuentas.

         

    El Muro de Honor de la Cámara de Diputados reconoce a 77 personas e instituciones (ya incluyó al Movimiento del 68). Faltan mujeres, por supuesto, pero los inscritos se lo ganaron porque supieron poner como prioridad el interés nacional y asumir las consecuencias de sus actos. Ayotzinapa es un reto enorme, pero se merece verdad y justicia.

 

Twitter: @sergioaguayo

Colaboró José Gerardo Arroyo Beristain.

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