¿Qué lecciones deja el embate de El Universal contra un grupo representativo de la generación de la transparencia?

Hasta mayo de 2017 se han representado 110 casos ante el Mecanismo de Protección.

Sentarse a esperar que “alguien” resuelva de manera milagrosa las carencias de la vida pública es el camino más corto hacia la frustración.

Es imperativo, urgente y necesario dirigir la mirada a los organismos públicos federales que tutelan derechos.

A tres meses del feminicidio de Miroslava Breach, ocurrido el 23 de marzo por ejercer su labor periodística, redes de periodistas y organizaciones sociales exigimos justicia al gobernador Javier Corral.

El INAI debe opinar sobre el espionaje a periodistas y defensores

En México, el periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo. La desaparición de un periodista y el asesinato de siete en los primeros cinco meses del 2017.

  • Personas defensoras de derechos humanos de la región y Misión de Observación exigen al gobierno federal cumpla con su obligación y atienda la inseguridad que se vive en Chihuahua  Ante la urgencia por el feminicidio de la periodista Mirosalva Breach y los asesinatos de los defensores ambientales Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro y el periodista Adrián Rodríguez en un periodo de cuatro meses en Chihuahua; y en el contexto de los homicidios de Cecilio Pineda y Ricardo Monlui, y los atentados contra Armando Arrieta y Julio Omar Gómez, las organizaciones, ARTICLE 19 México, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), Periodistas de a Pie y Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C., en coordinación con periodistas y organizaciones locales, realizamos una Misión de Observación a la ciudad de Chihuahua los días 30 y 31 de marzo de 2017. Los objetivos fueron documentar la situación que priva en ese estado tras el feminicidio de Miroslava Breach y los posibles focos de riesgo para periodistas en el estado; dar seguimiento puntual al proceso de implementación de la Alerta Temprana para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al tema de protección para los trabajadores de los medios; y comenzar un proceso de articulación para dar seguimiento a la exigencia y búsqueda de justicia en el caso de Miroslava Breach. En el marco de esta Misión, las organizaciones presentes llevamos a cabo entrevistas con periodistas y personas defensoras de derechos humanos para documentar la trayectoria y la cobertura periodística de la corresponsal de La Jornada, así como de los sucesos ocurridos el día de su asesinato y en los días subsecuentes en relación a la actuación de las autoridades estatales y federales. Asimismo, se tuvo reuniones con organizaciones locales de derechos humanos y periodistas para hablar del proceso y desarrollo de la Alerta Temprana y comenzar un proceso de articulación para apoyar en el fortalecimiento, implementación y efectivo funcionamiento de las medidas y acuerdos establecidos. Finalmente, nos reunimos con autoridades del gobierno del Estado de Chihuahua para dar continuidad a los compromisos de las autoridades del estado con respecto a la Alerta Temprana y la protección de las y los periodistas. Además de iniciar un diálogo y un proceso de exigencias en relación a la investigación del feminicidio de Miroslava Breach. Recordamos a las autoridades federales que la seguridad de las y los periodistas y el proceso de búsqueda de justicia por el caso de Miroslava Breach es una responsabilidad tanto de autoridades estatales como federales, por lo que las organizaciones que integramos esta Misión exigimos a las autoridades del Gobierno Federal lleven a cabo las acciones necesarias en plena coordinación y corresponsabilidad con el Gobierno de Chihuahua para dar seguimiento a la Alerta Chihuahua, reforzar la protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el estado y garantizar un proceso de justicia pronto, expedito, con perspectiva de género y en apego a los estándares internacionales. ARTICLE 19 México, Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), Periodistas de a Pie y Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica continuaremos un proceso de acompañamiento y observación en el proceso de fortalecimiento de la seguridad para periodistas en el marco de la Alerta Chihuahua y de la búsqueda de justicia en el caso de la periodista Miroslava Breach.  

​    Ciudad de México, 23 de mayo 2017 Han pasado ya 60 días desde el feminicidio de la periodista Miroslava Breach Velducea ocurrido el 23 de marzo pasado, sin que hasta el momento haya detenido a alguno de los implicados ni se tengan avances significativos en la investigación a pesar del discurso adoptado por las autoridades locales, en el cual se ha mencionado que ya se habían identificado tanto a autores materiales como intelectuales de este atroz hecho. Es alarmante que a la fecha no se haya librado ninguna orden de aprehensión, lo que denota la ausencia de debida diligencia por parte de las autoridades. Lo que además genera una seria desconfianza en las instituciones de Chihuahua, incertidumbre en los familiares, colegas periodistas y en la sociedad en general, quienes estamos a la espera de avances eficaces para la resolución del caso. Debido a  lo anterior, ARTICLE 19, Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC),   Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras y Periodistas de a Pie condenamos la impunidad que hasta el momento se vive en el caso de Breach Velducea.  Las organizaciones que suscribimos, tenemos claro que las violaciones constantes a la libertad de expresión representan un problema estructural y social, reflejo de la violencia que se ha exponenciado en el país. La prensa está abandonada por los gobiernos de los tres niveles,  convirtiéndose, en muchos de los casos, en un factor de riesgo más que de protección. En este contexto de suma vulnerabilidad para la prensa, el reciente asesinato de Javier Valdez en el estado de Sinaloa pone en evidencia la carencia de políticas públicas del Estado Mexicano que busquen revertir la violencia de la que son objeto a diario las y los periodistas de nuestro país. Las organizaciones firmantes hemos documentado a lo largo de varios años todas las dificultades que tiene la prensa en nuestro país; uno de los más peligrosos a nivel mundial para el ejercicio de la libertad de expresión.A la luz de las “Acciones por la libertad de expresión y para la protección de periodistas defensores” anunciadas por el Presidente Enrique Peña Nieto y la Conferencia Nacional de Gobernadores el pasado 17 de mayo, exigimos que se inicie de manera inmediata el proceso de implementación de las medidas anunciadas, en especial la protección para periodistas, y el combate de la impunidad en los crímenes contra la prensa. No basta con condenar las violaciones a la libertad de expresión y expresar indignación por la violencia contra las y los comunicadores; es necesario que se concreten medidas dirigidas a poner un alto a  la violencia que aqueja a quienes realizan la labor de informar en México. Tanto la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, como la Procuraduría General de la República deben garantizar que en el caso de Miroslava Breach no haya impunidad llevando a los responsables ante la autoridad judicial a efecto de que sean sancionados por sus actos. De la misma forma, hacemos un enérgico llamado al Mecanismo Federal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para que en coordinación con las autoridades federales y estatales garantice la seguridad de las y los periodistas en Chihuahua y en otras regiones del país donde son cotidianas las agresiones. Para finalizar, exhortamos al gobierno de Javier Corral a realizar las acciones necesarias que lleven asegurar que actos como el cometido en contra de Breach Velducea no se repitan en el Estado de Chihuahua, recordando que desde el inicio de su administración dos periodistas y dos defensores de derechos humanos han sido asesinados.Exigimos resultados, no más discursos. ARTICLE 19 OFICINA PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DE LA MUJER A.C. COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS PERIODISTAS REPORTEROS SIN FRONTERAS PERIODISTAS DE A PIECIC PROPUESTA CÍVICA 

 La iniciativa de Ley sobre el uso de la Fuerza Pública en el estado de Sonora no restringe tácitamente el uso de armas letales en reuniones.El FLEPS considera que la ley carece de un enfoque de protección y garantía al ejercicio del derecho de reunión.El FLEPS externa su preocupación ante el uso de calificativos sobre las reuniones, tales como “ilícitos” y “violentas”.  Ciudad de México, 11 de abril de 2017.- Días después de acontecidos los hechos de la brutal represión con armas largas en contra de población civil desarmada en la carretera hacia Bahía de Kino en Sonora, el Congreso del Estado retomó la discusión de la iniciativa de Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública de las Instituciones Policiales del Estado de Sonora, presentada el 26 de octubre de 2016. Dicha iniciativa fue sacada del “congelador” para ser dictaminada el 5 de abril por las Comisión de Justicia y Derechos Humanos y aprobada por el pleno del Congreso al día siguiente, apenas unos días después de aquellos ominosos hechos de abuso policiaco. Destaca que la Ley establece el previo agotamiento de medios no violentos antes de recurrir al uso de la fuerza, además de reconocer los principios básicos en el uso de la fuerza; obliga a los policías a brindar informes detallados sobre el uso de la fuerza; y reconoce los enfoques de seguridad ciudadana y protección al ejercicio del derecho de reunión. No obstante, el FLEPS considera que la Ley carece de un verdadero enfoque de seguridad ciudadana y de protección y garantía al ejercicio del derecho de reunión. Al respecto, en la sección correspondiente al “Uso de la Fuerza Pública en Reuniones Públicas”, la Ley adopta en el artículo 29 fracciones I, II y III caracterizaciones vagas e imprecisas respecto a las asambleas en el espacio público tales como “reuniones lícitas y pacíficas”; “reunión ilícita pero no violenta”; y “reunión violenta”.  El FLEPS considera que éstas categorizaciones pasan por alto el principio de distinción de actos violentos que implican el uso de tácticas para aislar a aquellas personas que cometen actos que pongan en peligro la vida e integridad, respecto de quienes no lo hacen, así como el principio de presunción de legalidad en el ejercicio de derechos, al distinguir entre reuniones lícitas e ilícitas. Así, las calificaciones previas de una protesta, conllevan –en el caso de reuniones ilícitas y violentas- el uso de la fuerza pública como una forma clara de criminalización  cuando en la experiencia la idea de violencia puede ser interpretada por los propios policías o sus mandos como cualquier cosaMás preocupante aún es que en las “reuniones violentas” se establece que “sólo podrán usarse armas de fuego”. A pesar de que la Ley acota este supuesto a la actualización de situaciones que pongan en peligro la vida y la integridad de las personas, y prohíbe disparar indiscriminadamente a la multitud, la Ley adopta una definición confusa  y demasiado abierta sobre reunión violenta, lo cual permite la arbitrariedad al momento de aplicarse. Al respecto, la Ley se considerará violenta una asamblea “cuando haya concurrencia real de actos delictivos, y la existencia o inminente amenaza de violencia o actos que inciten a la materialización real de discriminación y discurso de odio”. En este sentido, es evidente que la Ley no prioriza la protección de la vida y la integridad, sino que protege una serie de bienes jurídicos que abarcan demasiadas conductas y que permitirían el uso de armas de fuego, en supuestos demasiado amplios. Posteriormente, en el artículo 30 pretende establecer requisitos para la dispersión de una reunión violenta, mediante el uso de armas incapacitantes no letales. El artículo 30 de la Ley adopta otra definición de reunión violenta, caracterizando así a las reuniones que deliberen armadas “o bien en la petición o protesta que se realiza ante la autoridad, se hace uso de amenazas para intimidar u obligar a resolver en el sentido que deseen, se atenta contra los derechos de otras personas, se provoca la comisión de un delito o se perturba la paz pública y la seguridad ciudadana”. Una vez más se establecen conceptos amplios y ambiguos como “perturbación de la paz pública” o “derechos de las personas” para calificar a una reunión como violenta, además de dejar al criterio de las autoridades qué expresiones o exigencias son pacíficas. Finalmente, el artículo 34 de la Ley establece una definición demasiado amplia de “instalaciones estratégicas”, para cuyo resguardo se deberán aplicar protocolos de uso de la fuerza, e incluso se permite a los elementos de policía armas de fuego. Estas “instalaciones estratégicas”, no son las previstas en la Constitución. Sino que se amplían a servicio público de transporte masivo de pasajeros o de mercancías de importancia para la economía del Estado de Sonora; centros culturales y artísticos, escuelas, museos, teatros, centros de convenciones y demás inmuebles en que se celebren espectáculos masivos de naturaleza educativa, pedagógica, artística o cultural; monumentos bajo el cuidado del Gobierno del Estado de Sonora, federal o locales  y los que se consideren como tales por el Gobierno, de acuerdo al artículo 2 fracción XI.  Es decir, se prevén una multiplicidad de lugares e incluso la propia autoridad puede decidir discrecionalmente cuando catalogar un espacio como instalación estratégica. Por ello, para el FLEPS resulta urgente que previo a la promulgación y publicación de esta Ley por parte del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, se revisen estos aspectos que, de entrar en vigor, pueden derivar en violaciones graves a derechos humanos. Para ello es necesaria una discusión en el marco de un diálogo abierto con diversos actores como  movimientos sociales, sociedad civil organizada, y personas expertas en el tema, con la finalidad de adoptar efectivamente un enfoque de seguridad ciudadana y de protección y garantía del ejercicio del derecho a la reunión. Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta SocialARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo CEPAD, A.C., Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA, Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C., Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica, A.C., Servicios y Asesoría para la Paz, A.C., Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C., Espacio Libre Independiente Marabunta A.C., Resonar.​