Ley de Seguridad Interior: ¿y a nosotros quién nos protege?

 

El paradigma de seguridad utilizada en los años sesenta y ochenta en América Latina, interpuso a las Fuerzas Armadas con exclusividad a garantizar el orden interno, eliminando las disidencias y convirtiendo todo conflicto social en un combate a sangre fría. Esto tuvo como resultado la toma del poder de las fuerzas armadas y la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos.

 

Hoy cinco décadas después el panorama no puede ser más desolador. La aprobación de la Ley de Seguridad Interior por la Cámara de Diputados, es un síntoma de la necropolítica1 que no solo profundizará la violencia y crisis de derechos humanos que vive el país, sino también fortalecerá el pretorianismo2, al legalizar y traspasar facultades excesivas a las Fuerzas Armadas, sin ni siquiera existir control de la población para la rendición de cuentas, lo que conllevará sin duda a más impunidad.

 

La Ley de Seguridad Interior legaliza la presencia de las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad pública, posibilitando incluso su intervención sin una declaratoria previa por tiempos indefinidos. Así mismo dota de facultades preventivas e investigativas a las Fuerzas Militares en detrimento de las autoridades civiles, pudiendo intervenir además en movilizaciones cuando consideren que no se desarrollan de manera pacifica.

 

Una iniciativa como tal, parece no tener memoria y ser un insulto a las víctimas, que no sólo verán cercenados su derecho a la paz y a la seguridad, sino al acceso a la justicia. El más reciente informe de WOLA3 señala que del 2012 al 2016 la PGR inició 505 investigaciones por delitos y violaciones a derechos humanos, cometidos por soldados en contra de civiles, teniendo a la fecha solo 16 casos con sentencias condenatorias, lo que representa un éxito del 3.2 por ciento en las investigaciones contra personal militar.

 

De ser aprobada la ley por el Senado, que es lo más probable que suceda, se agudizará la crisis de violaciones a derechos humanos, tal como lo ha demostrado la historia del país y de la región. El desconocimiento de las recomendaciones nacionales e internacionales, reflejan la falta de voluntad y compromiso de las autoridades mexicanas con sus ciudadanos, en el respeto y cumplimiento de los derechos. La reconfiguración de la hegemonía estatal a través del uso represivo de la fuerza, seguirá profundizando las desigualdades de la población en beneficio del mercado, que bajo el discurso de las reformas estructurales ha legalizado el despojo y la violencia contra las comunidades4.

 

Ante este panorama es urgente preguntarnos; ¿Frente a la violencia de las instituciones y del mercado a nosotros quién nos protege?

 

1. Termino acuñado por Achille Mbembe que representa la lógica perversa que impone la violencia y la muerte como instrumento de dominación política, en donde la tortura, el exterminio y el despojo de la dignidad humana, exhiben la violencia y la normalización de la misma.

2. Real Academia Española, pretoriano e –ismo 1.m. Influencia política abusiva ejercida por algún grupo militar.

3. WOLA, Justicia olvidada. La impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, noviembre de 2017.

4. Medidas de corte neoliberal que propician la acumulación más no distribución equitativa de la riqueza. Reforma laboral, educativa y energética impulsadas por EPN, 

 

Por Mario Andrés Hurtado Cardozo

Investigador del CIC Propuesta Cívica

Twitter: @PropuestaCivica

Email: mario.hurtado@propuestacivica.org.mx

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